Y decimos el Gobierno porque a la SGAE y compañía ya se le presuponen las intenciones.

Se van dando pequeños, pero decisivos, pasos para conseguir que los proveedores de Internet actúen como policía privada, que se dediquen a aplicar, sin intervención judicial, unas sanciones a los que consideren que realizan descargas en contra de los intereses particulares de… de quien monte el cotarro.

El primer paso, victoria de Sarkozy, ha sido que el Consejo de la Unión Europea ha descartado la enmienda 138, que exigía a todos los países miembros que, en estos temas, decidiera un juez. Sin normativa comunitaria por encima, cada estado aplicará sus propias leyes.

Por ahora, en España, la legislación solo reconoce un organismo competente para determinar si un contenido o actividad es ilícita en la Red: los Juzgados, pero esto puede cambiar de un momento a otro.

Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, deja todas las puertas abiertas a cualquier cambio, a peor, tras la demagogia típica de buscar equilibrio entre las partes y que hay que estudiar “si se establecen procedimientos de comunicación a los usuarios, porque antes de cortar hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica como informar o comunicar”, se agarra a una UE, dirigida este año por Sarkozy, y asegura que hay que buscar soluciones globales, para toda Europa.

Justo lo contrario que mantiene la comisaria europea de Protección de los Consumidores, lo que ya resulta significativo, y una manera como otra de lavarse las manos, de conseguir establecer un estado policial a favor de los recaudadores de derechos de autor y en contra de las libertades de los usuarios, para luego decir que no han sido ellos, que ha sido Bruselas.

Y como el que no corre vuela, y al olor de los euros cualquiera hace relojes de madera, cada vez cobran más fuerza las teorías de que todo está decidido ya entre SGAE y similares y los principales operadores españoles, los de Redtel (Telefónica, Orange, Vodafone y ONO) y que en breve presentaran su propuesta al Ministerio de Industria. Solo esperan que desaparezcan los cada vez menos flecos legales que les molestan.

Por supuesto que las alarmas han saltado a todos los niveles, igual que nosotros pataleamos en nuestra modestia, otros hacen lo propio, con la esperanza de que muchos pequeños berrinches formen uno grande, que haga el suficiente ruido como para ser oído.

A niveles de más importancia, destacar el documento elaborado por la FACUA, del que ya se ha hecho eco la AI, en el que se lamenta que la preocupación del Gobierno vaya más por fiscalizar a los usuarios de Internet que por defenderlos de los abusos de las operadoras y considera que el otorgarles a estos últimos poderes para poder espiar, juzgar y condenar, cortando conexiones, es, a todas luces, ilegal.

Sin rechazar en ningún momento los derechos de los autores, los negocios montados a su alrededor ya nos importan menos, coincidimos plenamente con la FACUA en que muy por encima están los derechos fundamentales de los españoles, entre otros el del secreto de sus comunicaciones, privacidad, intimidad y presunción de inocencia.

Vía | adslayuda.com

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