Es una cuestión de principios o filosofía’, explican en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid. ‘Nosotros pensamos que tal y como aparece regulado en el nuevo plan estatal, los compradores de VPO no tendrán derecho de propiedad, sino derecho de uso sobre la casa‘, añaden.

El texto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros establece que las VPO no podrán descalificarse ni venderse a precio libre en un plazo inferior a 30 años y permanecerán con dicha categoría durante toda la vida del inmueble si se edificaron sobre suelos protegidos.

En el caso de que se quiera vender una VPO antes de esos 30 años, deberá hacerse al precio máximo establecido por la región que corresponda y a uno de los demandantes inscritos en los registros públicos que deberán constituir las autonomías. Además, todas las ayudas públicas que se hayan percibido, tendrán que devolverse. Para las VPO construidas sobre suelos protegidos, esta exigencia permanecerá siempre. En la actualidad, en todas las regiones existen límites, aunque el plazo es muy inferior a esos 30 años y lo que ocurre es que las ventas suelen producirse de manera fraudulenta. Los vendedores de una VPO optan por no descalificar y aunque ofertan un precio tasado, suelen cobrar una cuantiosa plusvalía en dinero negro. Al endurecer la normativa, el ministerio que dirige Beatriz Corredor busca conseguir la creación de un parque estable de pisos protegidos, algo de lo que carece España.


La ministra defiende la medida ‘como un principio de justicia y equidad que las viviendas que conllevan ayudas públicas y representan el esfuerzo solidario de toda la sociedad permanezcan el mayor tiempo posible al servicio de los colectivos más necesitados, lo que es plenamente coherente con la función social de la propiedad, tal y como la diseña nuestra Constitución’.

Sin embargo, la consejera Ana Isabel Mariño asegura que las nuevas trabas a la venta de VPO vulneran el derecho a la propiedad, lo que puede tener consecuencias ‘tan importantes como que no esté claro quién puede heredar esa vivienda o dificultar la posibilidad de contratar una hipoteca inversa sobre esa casa’. ‘Quizás otras regiones que no tienen mucho suelo protegido no vean demasiado problemática esta norma, pero en Madrid el 50% de los nuevos desarrollos son suelos protegidos, por lo que nos afecta de lleno’, añade Mariño. Los responsables de la Comunidad de Madrid explican que intentarán convencer al ministerio para que introduzca algún tipo de excepcionalidad para la región, aunque admiten que es muy complicado. Además, advierten que existen más comunidades que en privado han mostrado su malestar por este aspecto del plan. El problema es que si no hay acercamiento de posturas, todas las casas que desarrolle Madrid que se puedan descalificar se arriesgan a no recibir ayudas estatales. El Gobierno de Aguirre replica que asumirán ese coste y que sean los ciudadanos quienes elijan.

Fuente Cinco Dias

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