Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

!Que envidia! Menudo sueldazo del que disfruta la señorita Leyre Pajín, seguramente tenga muchisimos problemas para llegar a fin de mes.  Hagamos un recuento:

5000 euros/ mes Por ser secretaria de organizacion del PSOE
7500 euros/me  Cobra un dinero por su condición de ex secretaria de Estado de Cooperación de 90.000 euros al año durante dos años
3.126, 55 sueldo  +1.822,38 dietas por ser senadora

5000 + 7500 +3126 + 1822 = 17448 euros al mes

Sostiene Pajín que la indemnización que percibe como ex secretaria de Estado es lo que cobran los ex altos cargos que no se pueden dedicar a su especialidad durante los dos años siguientes a la salida del Gobierno, que es lo que cobran todos y todas y que esto lo fijó el PP.

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Los ciudadanos españoles y del resto de países de la UE que lleguen el próximo año en vuelos internacionales a los aeropuertos de Barajas y El Prat serán considerados “viajeros privilegiados” por el Ministerio del Interior. Y como tales ya no tendrán que sufrir las largas colas que se forman en los controles de pasaportes, ya que España será en 2010 pionera en la implantación a nivel comunitario de la llamada e-border o frontera electrónica.

El proyecto piloto, que se aplicará en una primera fase en los aeropuertos de Madrid y Barcelona a partir de la próxima primavera, pretende facilitar el paso de fronteras a los ciudadanos de la UE, haciéndolo más ágil y fluido.

Para ello se instalarán cuatro sistemas de “acceso rápido de entrada en fronteras aeroportuarias” -dos en Barajas y dos más en El Prat-, que permitirán autorizar el cruce de ambos pasos fronterizos de forma automática y desasistida, gracias a la identificación biométrica de los pasajeros.

Los viajeros españoles procedentes de cualquier país extranjero que aterricen en uno de esos aeropuertos simplemente tendrán que cruzar, sin colas ni tiempos de espera, los puestos de control desasistido que instalará Interior provistos de su Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).

Ya no habrá que mostrar ese documento a los policías nacionales que custodian los pasos fronterizos en Barajas y El Prat, ni aguardar a que los agentes los revisen: bastará con llevarlos encima. Los ciudadanos de los demás países de la UE, en cambio, sólo podrán atravesar la frontera electrónica con su pasaporte biométrico. Tanto si el viajero utiliza el DNI electrónico como el pasaporte biométrico, los sistemas informáticos instalados en los puestos de control leerán automáticamente los datos personales y biométricos contenidos en el chip de esos documentos.

Control central

La e-border -también conocida como e-gate o puerta electrónica- será monitorizada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil desde un puesto de control central. Ellos serán los encargados de dar la voz de alarma si un pasajero trata de entrar en nuestro país sin DNI electrónico o pasaporte biométrico; o con un documento robado, falsificado o que no corresponde al viajero que lo utiliza; o bien si el ciudadano en cuestión tiene alguna requisitoria judicial pendiente u orden de búsqueda y captura.

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El alcalde socialista de Santiago de Compostela, Xosé A. Sánchez Bugallo, puede pasar de denunciante a denunciado por un caso de adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento que preside.

La empresa Montebalsa S.L lleva disfrutando de adjudicaciones de concursos para la realización de obras para el ayuntamiento de Santiago de Compostela desde el año 2003. Muchas de ellas han sido otorgadas por adjudicación directa o por procedimiento negociado, en muchos casos sin publicidad. Durante todo el periodo en el que se ha producido esta situación el municipio era gobernado por el actual alcalde socialista Xosé A. Sánchez Bugallo.

Los concursos para las adjudicaciones tenían otra irregularidad flagrante: en muchas ocasiones las empresas que optaban a ellos eran solamente tres y, curiosamente, compartían el número de fax para recibir las comunicaciones, se trata de la ya citada Montebalsa S.L., Decosalnés S.L y Peyana S.L. Se trataba de un maquillaje para aparentar una legalidad que quedaba en entredicho.

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La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel, según informó hoy el TSJCV en un comunicado.

La decisión ha contado con un voto particular de uno de los magistrados, quien entiende que el sobreseimiento sólo debe acordarse con respecto al el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Tanto Camps como el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, también imputados en la causa, habían recurrido la decisión del magistrado instructor en el TSJCV que consideraba que los hechos podían ser constitutivos de cohecho impropio pasivo.

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El líder del PP, Mariano Rajoy, asegura que “el cuento de los brotes verdes ha durado lo que ha durado la campaña electoral”, ya que, cinco días después de las elecciones europeas del 7-J, el Ejecutivo ha reconocido que estamos “en una recesión tremenda”.

En una entrevista a ‘El Mundo’ recogida por Europa Press, Rajoy afirma que Zapatero “ha vuelto a engañar a los españoles” volviendo a poner en marcha contra la crisis “las viejas y fracasadas recetas de subir los impuestos”, que es “justo lo contrario de lo que el país necesita”.

“Yo no soy ningún mesías. Lo que sí sé es que se puede hacer una política económica infinitamente mejor, y se pueden poner las bases para un crecimiento estable y sostenido en el tiempo. Se puede hacer y el PP es capaz de hacerlo y sacar a España de la crisis, porque Zapatero nos lleva a la ruina”, sentenció.
Zapatero, mal perdedor

Sobre las elecciones europeas, señaló que el presidente del Gobierno es “un mal perdedor” y que debe someterse a una cuestión de confianza, ya que “la soberbia nunca es buena consejera”.

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APROBADO EL NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

• Llegará a un millón de hogares y ampliará los colectivos con protección preferente en el acceso a VPO con ayudas reforzadas al tiempo que extiende los beneficios a las rentas medias.
• Apuesta por el alquiler con nuevas tipologías de VPO y alojamientos protegidos para colectivos vulnerables y la comunidad científica y universitaria.
• Las actuaciones en rehabilitación se multiplican por 3,5 veces, incorporando el Programa Renove de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.
• Facilitará la reconversión del “stock” en VPO al servicio de los ciudadanos.
• El Plan tiene un presupuesto de 10.188 millones de euros, en torno a un 49 por 100 más que el anterior y movilizará cerca de 34.000 millones de euros en préstamos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que nace con la doble voluntad de facilitar el acceso a una vivienda de los ciudadanos con más dificultades, pero también de rentas medias, al tiempo que busca aprovechar la producción sobrante de vivienda libre para ampliar el parque público al servicio de la población. El Gobierno cumple, además, con el compromiso de aprobar el Plan este año, cuando el anterior aún está en vigor, con lo que se evita la paralización que se podría producir en el tránsito entre uno y otro. Con ello, el Plan se convierte en instrumento para hacer frente a la actual coyuntura económica.

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El déficit investigador de nuestras empresas implica que éstas no desarrollan conocimiento propio. (…) Un claro síntoma de este déficit tecnológico es que las empresas residentes en España solicitan diez veces menos patentes por millón de habitantes que la media de la UE-25. Por todo ello, es fundamental desarrollar actuaciones que potencien la colaboración público-privada en I+D+i”. La frase suena bien. E incluso muy bien. Y la incluyó el Gobierno en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas en octubre de 2005. Sin embargo, tres años y medio después de ese compromiso político la realidad es bien distinta.

España incumplirá en 2010 una buen parte de los objetivos planteados. Y no sólo los relacionados con el cuadro macroeconómico, lo que parece coherente con el nuevo escenario mundial. España incumplirá objetivos que dependen exclusivamente de la acción del Gobierno, en particular en todo lo relacionado con la política de inversión en investigación, desarrollo e innovación.

El compromiso cuantitativo del Gobierno era duplicar la inversión de España en I+D+i  hasta alcanzar la media europea, pero la realidad es bien distinta. El año 2007 (último ejercicio con cifras oficiales) se cerró con unas inversiones -tanto públicas como privadas- equivalentes al 1,27% del PIB, lo que, según los expertos, hace inviable la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Para 2008 se había previsto cerrar con una inversión del 1,6% del Producto Interior Bruto, pero con toda seguridad no se alcanzará ese porcentaje. Sobre todo en un contexto de restricciones presupuestarias, tanto por parte de las empresas privadas como públicas. El incumplimiento supone, igualmente, dejar en papel mojado la Estrategia de Lisboa en esta materia, donde se había situado el objetivo en de inversión y desarrollo en el 3% del PB en 2010, más del doble que el nivel actual.

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Tras las Eleciones Vascas y Gallegas, la fiscalia anticorrupcion no ve indicios  contra el eurodiputado ni el diputado nacional del PP.

Con estos seis son ya 21 de los 37 imputados en esta causa los que han quedado en libertad y sólo tres han ido a prisión: el presunto líder de la trama de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego. Garzón ha adoptado esta decisión al no haber pedido las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell ninguna medida cautelar para ellos, según han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que rechaza enviar el caso Gürtel al Tribunal Supremo al no apreciar indicios de la implicación en el mismo de diputados, senadores o eurodiputados del PP.

Así el Ministerio Público insta a Garzón a remitir la investigación por la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy en libertad a los seis últimos imputados a los que ha tomado declaración en el llamado “caso Gürtel”, entre ellos el director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch.

Con estos seis son ya 21 de los 37 imputados en esta causa los que han quedado en libertad y sólo tres han ido a prisión: el presunto líder de la trama de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego. Garzón ha adoptado esta decisión al no haber pedido las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell ninguna medida cautelar para ellos, según han informado fuentes jurídicas.

Además de Martínez Lluch, también han comparecido hoy Javier Pérez Alonso ( miembro del consejo de Administración de Orange Market, filial valenciana de la empresa de Correa, Special Events; Manuel Delgado Solís (abogado); José Antonio López (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado; Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria (empresario de la construcción en Madrid).

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